La Policía Local de Talavera la Real llevó a cabo el pasado jueves dos intervenciones en materia de seguridad vial en la Avenida de Extremadura de esta localidad pacense, con resultado de una denuncia administrativa y una puesta a disposición judicial.
La primera actuación se produjo en torno a las 11:30 horas, cuando los agentes detectaron que un turismo circulaba de manera irregular. Tras proceder a su detención reglamentaria, el conductor fue sometido a una prueba de alcoholemia que arrojó un resultado que casi duplicaba el límite legalmente establecido. Como consecuencia, la Policía Local formuló contra él una denuncia de carácter administrativo que podría traducirse en una multa de 500 euros y la pérdida de cuatro puntos del permiso de conducir.
Aproximadamente hora y media más tarde, sobre las 13:00 horas, los agentes interceptaron a otro vehículo en un control de circulación en la misma vía. La comprobación de la documentación del conductor reveló que carecía de permiso de conducir desde el pasado mes de abril, al haberle sido retirado por resolución de la autoridad judicial. Asimismo, se constató que el vehículo tenía la inspección técnica caducada.
Este segundo conductor fue trasladado a la Jefatura de la Policía Local, donde se instruyeron las diligencias pertinentes como presunto autor de un delito contra la seguridad del tráfico. Su pase a disposición judicial estaba previsto para el viernes. De acuerdo con el Código Penal, este tipo de infracción puede llevar aparejada una pena de prisión de tres a seis meses, una multa de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de entre 31 y 90 días.
Además de la responsabilidad penal derivada de la conducción sin permiso, el mismo conductor fue denunciado administrativamente por circular con la ITV del vehículo caducada, infracción que conlleva una sanción económica de 200 euros.
Este tipo de actuaciones forma parte del trabajo habitual de los cuerpos de Policía Local en materia de control de la seguridad vial. Los agentes locales tienen competencia para realizar controles preventivos de alcoholemia, verificar la documentación de conductores y vehículos y, en su caso, instruir las diligencias penales o administrativas que correspondan, dando traslado al órgano judicial competente cuando los hechos puedan ser constitutivos de delito.