Entradilla: La Policía Local y Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria advierten de una parálisis administrativa que está afectando a la capacidad operativa de los servicios. La Unión Sindical de Policías y Bomberos (USPB) denuncia un "efecto embudo" en la gestión municipal que, según su portavoz Víctor García, impide la ejecución de contratos y deja a la plantilla sin herramientas básicas para patrullar.
El primer problema es la movilidad: el servicio de patrullas depende de un contrato de renting de vehículos que está próximo a expirar y la plantilla teme quedarse sin coches en cuestión de semanas. Víctor García advierte: "Si nos anulan el renting y nos quitan los vehículos, pues nos quedamos prácticamente en mínimos", una situación que, según el sindicato, reduciría la operatividad policial a niveles marginales. La falta de certeza sobre la llegada de la nueva flota mantiene a los agentes en una situación de precariedad organizativa.
Las comunicaciones son otro apartado crítico: los agentes trabajan con equipos de radio obsoletos mientras esperan una licitación para la adquisición de 400 nuevas emisoras. El sindicato considera esa compra prioritaria para garantizar la seguridad y eficacia de las intervenciones, y critica que licitaciones en marcha no se traduzcan en material disponible. La carencia de emisoras fiables incrementa el riesgo en las salidas ordinarias y dificulta la coordinación con otros servicios de emergencia.
En materia de armamento no letal, la situación también es preocupante: el Ayuntamiento ha anunciado la compra de pistolas eléctricas Taser, pero la falta de formación reglada impide su porte legal. Ayuntamiento y Gobierno de Canarias se atribuyen mutuamente responsabilidad sobre esa formación, según el sindicato, con el resultado de que en la actualidad hay apenas cuatro dispositivos Taser disponibles para toda la plantilla. Además, varios de esos dispositivos presentan problemas de batería o averías, lo que deja a muchos servicios sin la alternativa no letal necesaria para reducir confrontaciones sin recurrir al arma de fuego.
Las infraestructuras de adiestramiento reflejan las mismas deficiencias: la nueva instalación del campo de tiro costó 2,5 millones de euros pero arrastra dos años de retraso por errores técnicos en la construcción. Aunque la obra fue entregada, no cumple la normativa vigente para este tipo de instalaciones y requiere nuevas licitaciones para subsanar las deficiencias antes de ser operativa. Mientras tanto, los policías de la capital se desplazan hasta el municipio de Santa Lucía de Tirajana para realizar las prácticas obligatorias, dependiendo de la disponibilidad y la hospitalidad de otros cuerpos.
La falta de medios materiales se suma a un problema de personal: la plantilla presenta una pirámide de edad preocupante y las jubilaciones se suceden. El proceso de incorporación es lento: 45 agentes que ya han terminado sus prácticas esperan por su nombramiento como funcionarios y otros 57 no entrarán en la academia hasta finales de año, por lo que según el sindicato no estarán operativos hasta finales de 2027. Esta demora en el relevo incrementa la presión sobre los equipos en servicio y agrava la sensación de falta de previsión en la planificación municipal.
A la carencia material y humana se suma un problema económico: el Ayuntamiento mantiene deudas con los agentes por jornadas de productividad realizadas en actos y eventos especiales desde el pasado mes de noviembre. La USPB reclama una respuesta clara y la regularización de esos pagos, y exige además una planificación a cuatro años que sustituya los parches actuales. Para el sindicato, solo una hoja de ruta plurianual permitirá afrontar las licitaciones, la renovación de flotas, la adquisición de emisoras, la dotación de Taser y la puesta en servicio del campo de tiro.
Consecuencias y demandas: el sindicato advierte de un incremento de la agresividad en las intervenciones y subraya que las salidas requieren más personal y medios para realizarse con seguridad. USPB sitúa la responsabilidad en la falta de ejecución material de contratos y licitaciones en marcha y reclama al Ayuntamiento y al Gobierno de Canarias coordinación y compromiso para desbloquear procesos. Sin soluciones inmediatas, la organización sindical augura que la capacidad de respuesta seguirá reduciéndose, con impacto sobre barrios periféricos y el centro de la ciudad por igual.