La Policía Municipal de Pamplona ha remitido al juzgado las conclusiones de la investigación sobre el atropello mortal ocurrido el 28 de junio en la calle Navarrería, en el que falleció una mujer de 30 años y otras cuatro personas resultaron heridas, dos de ellas en estado muy grave. Según el informe policial, existe una alta probabilidad de que el accidente se produjera por un fallo en la colocación del freno de mano del vehículo.
El siniestro se produjo en la cuesta que desciende desde la Catedral de Pamplona cuando el conductor del camión de recogida de residuos se había bajado del vehículo para realizar tareas de limpieza. En ese momento el camión comenzó a desplazarse sin control y arrolló a varias personas que se encontraban en la vía, según la reconstrucción incluida en el expediente policial.
Un inspector de la Brigada de Atestados explicó que las conclusiones se sustentan en el análisis de las declaraciones de testigos y de las personas lesionadas, en las grabaciones de las cámaras de tráfico instaladas en la zona y en las inspecciones técnicas practicadas al vehículo. El investigador señaló textualmente que "a raíz de las investigaciones realizadas, con las manifestaciones de los testigos, cámaras y demás, hay una alta probabilidad de que no se hubiese puesto adecuadamente el freno de mano".
Además, el responsable de la pesquisa indicó que "todo indica que pudo producirse por un error humano, más que un fallo mecánico", una hipótesis que, según el informe, se refuerza con las comprobaciones técnicas realizadas tras el accidente. El documento policial recoge estas valoraciones sin excluir otras actuaciones que pueda practicar la autoridad judicial.
La remisión al juzgado incluye las diligencias y los informes técnicos levantados por la Brigada de Atestados, así como las declaraciones recabadas en el lugar y la documentación audiovisual utilizada en la investigación. El informe policial detalla las comprobaciones efectuadas al camión de recogida y las evidencias recabadas en la escena.
Corresponde ahora a la autoridad judicial la valoración de las responsabilidades derivadas de los hechos y la adopción de las medidas procesales que estime oportunas. La investigación administrativa y las actuaciones policiales figuran incorporadas al expediente remitido al juzgado.