El Ayuntamiento de Sant Josep (Ibiza) ha ratificado un paquete de sanciones administrativas por la organización, comercialización y celebración de fiestas ilegales en suelo residencial y rústico por un importe total que asciende a 800.000 euros. Aunque la entradilla inicial señalaba 700.000 euros por cinco eventos, el detalle de las resoluciones suma 800.000 euros.
Según los expedientes instruidos, la investigación arrancó tras indicios de celebración y venta de entradas en fincas de la isla. El Consell de Ibiza contrató un servicio de detectives privados que, junto al operativo de la Policía Local y la instrucción de los servicios técnicos y jurídicos municipales, permitió detectar eventos y recabar pruebas.
Las resoluciones se encuadran en la infracción muy grave prevista en el artículo 104.r de la Ley 7/2013, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades de Baleares. Los procedimientos administrativos fueron tramitados por los servicios municipales competentes y dieron lugar a distintos expedientes sancionadores.
En cuanto a las sanciones, se confirmaron dos multas de 100.000 euros cada una por reincidencia en vivienda residencial, después de que se desestimaran los recursos presentados contra esos dos expedientes. Otra resolución confirmó una multa adicional de 100.000 euros por actividad clandestina en un inmueble de régimen mercantil, dirigida al titular por alojar eventos multitudinarios con ánimo de lucro sin autorización.
Por la comercialización ilegal de una finca rústica se impuso una sanción de 300.000 euros, por organizar y vender de manera clandestina entradas y consumiciones en un evento que fue detectado gracias a las investigaciones de detectives y Policía Local. Además, se aplicó una multa de 200.000 euros contra los arrendatarios de una vivienda por alterar el descanso vecinal y obtener lucro mediante un evento que provocó graves molestias acústicas.
El Ayuntamiento ha expresado su preocupación por la duración de los procedimientos, que puede llegar a dilatarse hasta dos años desde la comisión de las infracciones hasta que las resoluciones son firmes, y ha considerado necesario agilizar los marcos legales para permitir una respuesta sancionadora más inmediata.
Entre los indicios recabados por la Policía Local figuran la promoción previa en redes sociales y meeting points, el uso de equipos profesionales de sonido, control de acceso y personal de animación en el entorno de los enclaves investigados.